En la Constitución se aseguraban, de manera contradictoria, principios diferentes. En el artículo 10 el respeto a los Derechos Humanos; en el artículo 14 el principio de igualdad y no discriminación; en el artículo 16, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los “individuos” y las “comunidades”, la aconfesionalidad y los privilegios hacia las religiones (relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones religiosas), frente a ateos y agnósticos. También resulta esencial el artículo 27 ( al que hacen referencia en el llamado Pacto Educativo), para la presencia y garantía de la Religión como asignatura en el currículum escolar, camuflado como derecho a que los hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones , de manera que las familias son las responsables de la opción educativa y moral de sus hijos/as, teniendo que adaptarse a esta elección el sistema educativo (público).
Según la propia Conferencia Episcopal con datos de 2015, un 45% escogía Religión, en el conjunto de etapas (y en todo el Estado) en la Escuela Pública, frente a un 97% en la concertada (mayoritariamente católica). Cualquier enfoque educativo en el sentido de lo que se ha querido plasmar como Valores Sociales y Cívicos o Valores Éticos para la E.S.O., no tiene en cuenta que no deberían impartirse, en todo caso, como “alternativa” a la Religión. Esa formación debería ser, independientemente de su formulación concreta y oportunidad en cada etapa educativa, un planteamiento educativo para el conjunto del alumnado. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia, ha apuntalado la decisión de mantener la Religión en 1º y 2º de bachillerato en plano de igualdad y con el mismo valor que otras disciplinas que, a diferencia de la Religión, sí tienen un planteamiento basado en la racionalidad y la ciencia.
Estos principios se vieron reforzados por la Ley de Libertad Religiosa de 1980, los Acuerdos de Cooperación con la Federación de Religiones Evangélicas, de las Comunidades israelitas y de la Comisión islámica, de 1992. En conjunto todas las leyes educativas, pasando por la LOE de 2006 y la LOMCE de 2013, han consagrado esta situación hasta este momento.
Lejos de disminuir, la financiación directa o indirecta a la Iglesia Católica ha sido de 11.600 millones de € al año. Además de los 195 millones en salarios y Seguridad Social a los 20.000 sacerdotes, el Estado entregó más de 650 millones para los más de 25.000 catequistas que impartían 67.907 horas de Religión (MEC, 2017/18), o subvenciones de 4.750 millones a los 2450 centros de la enseñanza concertada ( con un cuarto del alumnado).
Sin embargo, todo apunta a que la sociedad se ha ido secularizando si atendemos, con datos de 2015, a que más del 40% niños/as no son bautizados, o que menos del 35% de los declarantes en el IRPF han puesto la cruz en la casilla de la Iglesia, o como afirmaba el Centro de Investigaciones Sociológicas, respecto a la influencia del Catolicismo, sólo el 69% se adscribía a esta religión, pero se declaraba católico cultural (es decir, no por convicción, sino por otras circunstancias).
En la campaña Religión fuera de la escuela, impulsada por el movimiento laicista y con más de 50 organizaciones adheridas, se han planteado cuestiones como la derogación del Concordato, sacar del currículum escolar a la Religión, eliminar la simbología religiosa de los espacios públicos escolares, impedir cualquier tipo de segregación, evitar cualquier tipo de adoctrinamiento, ir eliminando paulatinamente, pero de manera efectiva, la financiación a la enseñanza privada, promover un conocimiento crítico y unos valores cívicos como la equidad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual…
Precisamente por todo ello, el sistema educativo no es neutro. Si la Educación es un derecho universal para la ciudadanía y un factor de cohesión social y formación de identidad, debemos incorporar al debate de qué cohesión hablamos (ricos/pobres) y de qué identidad (¿la de las clases medias, de cultura urbana y postindustriales?). Debemos incluir en la reflexión un cambio de paradigma, que supere la transmisión y la reproducción de valores sociales homogeneizadores que controlan y miden, desde postulados que, en el fondo, están inspirados en indicadores mercantilistas cuantificadores.
¿Se ha liberado la Escuela de su papel de reproducción, control y uniformización?. ¿A quién representa la cultura escolar?. Por tanto, la reflexión en torno a la Escuela Laica, necesita tener presente y construir su propio concepto de Escuela Pública, su organización escolar, su currículum, sus contenidos académicos y, en definitiva, a qué modelo cultural quiere aspirar como territorio común donde convivan las diferentes cosmovisiones existentes en la sociedad. Todo ello nos debe llevar a incluir en la discusión la educación no formal, las industrias culturales, los medios de comunicación y el papel de las redes sociales, que acaban conformando el imaginario colectivo.
La escuela no debe ser un escenario de disputa o de privilegios religiosos porque es el lugar donde se forma la ciudadanía, el territorio donde se equiparan los derechos entre los diferentes creyentes y no creyentes.
El presente texto es un resumen de mi intervención como coordinador de la Sesión sobre Educación y Laicismo: la educación como derecho, en el contexto de los seminarios de formación de Valencia Laica, el 2 de abril de 2019.
José Antonio Antón Valero
Miembro del STE-PV, del equipo educativo de Entrepobles y de Valencia Laica