Formación inicial con grado de licenciatura por acceder a la docencia de todos los niveles educativos. Por el Cuerpo Único de Enseñantes, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. 

Derecho a la formación permanente gratuita, en el horario del centro, gestionada democráticamente y fundamentada en las necesidades de los centros educativos y los grupos de trabajo. Por unos centros de formación del profesorado democráticos. Mantenimiento de los programas de formación para el profesorado afectado por la reconversión. 

Recuperación del poder adquisitivo con cláusula de revisión salarial. Pagas extraordinarias completas. 

Complemento específico único para todo el profesorado. Transitoriamente, nivel 26 para todo el profesorado de Secundaria. No a los sexenios. 

Reducción del horario lectivo de las personas mayores de 55 años. Reducción de jornada por estudios, salud y embarazo. Reducción horaria voluntaria por cuidado de familiares, sin perjuicio de la dotación de la plantilla del centro. 

Nuevas reducciones horarias para los cargos directivos, en función del número de grupos, de la ubicación y la complejidad de los centros. 

Jubilación voluntaria a los 30 años de servicios con el 100% del salario en activo. 

Movilidad del profesorado mediante el concurso de traslados. Convocatoria pública de provisión de plazas en todos los servicios y centros educativos para evitar adjudicaciones arbitrarias y la inestabilidad que provocan. Valoración preeminente de la antigüedad en el cuerpo, la permanencia en el centro y las actividades formativas. Reconocimiento de los servicios de interinidad y de prácticas. 

Campañas institucionales para apoyar la tarea docente y el reconocimiento del trabajo social del profesorado. 

No a la proliferación de contrataciones a tiempo parcial. 

Solución definitiva a la problemática del profesorado itinerante y del que comparte centro. Renegociación de la normativa que regula las condiciones de trabajo y el pago de los desplazamientos. 

Trabajo estable: contra de la precariedad del empleo. Acceso diferenciado, que permita al profesorado interino obtener la condición de funcionario de carrera. 

Acceso a la docencia en las Escuelas Universitarias, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. 

No a la Ley de Calidad Educativa (LOCE). Las reformas de la ordenación del sistema educativo se tienen que aplicar con el debate y el consenso de toda la comunidad educativa y con la financiación necesaria. 

Revisión del Mapa Escolar, previa negociación con los agentes sociales y la Comunitat Educativa, para garantizar un puesto escolar para el conjunto de la población. 

Plantillas adecuadas para garantizar una atención personalizada y favorecer la compensación de las desigualdades educativas. Impulso a la atención tutorial; actuaciones en educación compensatoria; desdoblamientos de grupos y agrupaciones flexibles; actividades de apoyo y refuerzo con el alumnado y de recuperación; incremento de optativas. 

Aplicación flexible de las plantillas modulares, respetando la estabilidad en el propio centro o localidad, para todo el profesorado. No a la reubicació obligatoria. 

Reducción del número d’alumnos/grupo que haya de atender el profesorado. 

Plan interdepartamental de las instituciones públicas locales y autonómicas para la compensación de desigualdades y la prevención del desarraigo y la marginación social. Planes de acogida para el alumnado inmigrante. Dotación a los centros de mediadores sociales. 

No a los itinerarios segregadors. Ampliación, flexibilización y mejora de los programas de diversificación curricular y de los programas de adaptación curricular en grupo. 

Negociación anual de la planificación educativa con criterios objetivos. Publicación del catálogo de puestos de trabajo de los centros. 

Cumplimiento de los requisitos sobre instalaciones y sus condiciones materiales, según el RD 1.004/91. Eliminación de las barreras arquitectónicas. Construcción y adecuación de los centros pendientes y traslado del alumnado de ESO a los IES. 

Autonomía de los centros educativos para impulsar sus proyectos. Corrección de la concentración del alumnado con más dificultades en determinados centros. Ningún centro sostenido con fondos públicos puede seleccionar su alumnado. 

Oferta amplia de enseñanzas postobligatorias en todas las comarcas. Implantación de programas de Garantía Social en todos los centros públicos. 

Negociación global de la aplicación de la ordenación del sistema educativo en las enseñanzas especializadas (Idiomas, Artes y Oficios, Arte Dramático y Conservatorios). Negociación de la modalidad de enseñanza a distancia. 

Mantenimiento y extensión de los actuales programas de educación bilingüe. Provisión de las vacantes de estos programas por profesorado con la titulación adecuada. Promoción de planes específicos de extensión del valenciano en comarcas castellanoparlantes. Requisito lingüístico para el acceso a la docencia. 

Elección democrática de todos los cargos. Renegociación de los actuales ROF y de la normativa de organización y funcionamiento de los centros. Distribución democrática de todas las responsabilidades docentes. Derogación de la LOPEGCED. 

Organización de los departamentos, atendiendo criterios democráticos y no jerarquizadores. 

Dotación de recursos humanos y materiales a los departamentos de Orientación en proporción a las necesidades del centro. 

No a la proliferación de secciones de IES, que sólo tienen que responder a las necesidades de escolarización del alumnado en las zonas rurales. Mantenimiento de las mismas condiciones laborales del profesorado. 

Dotación completa de los servicios de transporte y comedor para todos los centros que lo necesitan. 
Dotación completa para todos los centros de personal de administración y servicios. 

Incremento de los módulos económicos en función del número de grupos, del alumnado con necesidades educativas especiales y la singularidad del centro. 

Autonomía de la comunidad educativa para tomar decisiones sobre el modelo de gestión y de jornada, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, vinculada a una evaluación democrática. 

Una Formación Profesional de calidad

Retirada de la Ley de FP. Redacción de una nueva ley con los objetivos siguientes: 

a) FP pública y de calidad. Fondos públicos para centros públicos. 

b) FP inicial/reglada de calidad al servicio del desarrollo personal del alumnado, con las inversiones necesarias para convertir los Ciclos Formativos de los centros públicos en el eje central de la formación laboral. 

c) Puestos de trabajo en centros públicos exclusivamente para funcionarios docentes. Plan de Formación específico para el profesorado de FP. 

d) Control público de actividades formativas de FP, con pruebas oficiales para la obtención de titulaciones, certificados o convalidaciones. 

e) Ciclos formativos en todos lo centros de Secundaria para dinamizar la economía local y comarcal. Aumento de la oferta de FP nocturna. 

f) Ampliación y mejora de las dotaciones e infrastructuras para la FP.