Derecho a la formación permanente gratuita, en el horario del centro, gestionada democráticamente y fundamentada en las necesidades de los centros educativos y los grupos de trabajo. Por unos centros de formación del profesorado democráticos. Mantenimiento de los programas de formación para el profesorado afectado por la reconversión. 

Recuperación del poder adquisitivo y cláusula de revisión salarial. Pagas extraordinarias completas. 

Complemento específico único para todo el profesorado. Transitoriamente, nivel 24 para todo el Cuerpo de Maestros. No a los sexenios. Extensión del complemento diferencial de los maestros de ESO a todo el Cuerpo de Maestros. 

Revisión de la normativa actual para garantizar en todos los centros el desarrollo de todas las funciones. Reducción del horario lectivo hasta las 18 horas semanales. Aumento del horario previsto para realizar las tareas propias de la dirección, de la coordinación pedagógica y tutorías. 

Reducción del horario lectivo de las personas mayores de 55 años. Reducción de jornada por estudios, salud y embarazo. Reducción horaria voluntaria por ciudado de familiares, sin perjuicio de la dotación de la plantilla del centro. 

Jubilación voluntaria a los 30 años de servicios con el 100% del salario en activo. 

Movilidad del profesorado entre las diferentes etapas y programas educativos mediante el concurso de traslados. Convocatoria pública de provisión de plazas en todos los servicios y centros educativos para evitar su adjudicación arbitraria y la inestabilidad que provoca. 

Modificación de la actual normativa legal para garantizar el acceso indefinido del profesorado del Cuerpo de Maestros al primer ciclo de la ESO. 

Solución definitiva a la problemática del profesorado itinerante. Renegociación de la normativa que regula las condiciones de trabajo y el pago de los desplazamientos. Provisión de las plazas por concurso de traslados. 

Trabajo estable, contra la precariedad en el empleo. Acceso diferenciado que permita al profesorado interino obtener la condición de funcionario de carrera. 

Acceso a la docencia en las Escuelas de Magisterio. 

No a la Ley de Calidad Educativa (LOCE). Las reformas de la ordenación del sistema educativo se tienen que aplicar mediante el debate y el consenso de toda la comunidad educativa y con la financiación necesaria. 

Revisión del Mapa Escolar, previa negociación con los agentes sociales y la Comunidad Educativa, para garantizar un puesto escolar para el conjunto de la población. 

Plan de infrastructuras financiado y temporalizado, al servicio de las nuevas necesidades del sistema educativo: nuevos centros, aulas de idiomas, de informática, de música, gimnasio… Cumplimiento de los requisitos sobre instalaciones y sus condiciones materiales, según el RD 1.004/91. Eliminación de las barreras arquitectónicas. 

Reducción de las ratios en todos los niveles: 0-1 años, 5 alumnos; 1-2 años, 8 alumnos; 3 años, 15 alumnos; 4-5 años, 18 alumnos; Primaria: 20 alumnos. Reducción en situaciones de integración, compensación educativa, centros rurales e incompletos. 

Consideración de la Educación Infantil como una etapa educativa y no asistencial. Creación y ampliación de la red pública en Infantil para cubrir toda la oferta en la etapa 0-6 años. Incremento de personal cualificado en todos los centros con Educación Infantil. 

Automonia de la comunidad educativa para tomar decisiones sobre el modelo de gestión y de jornada, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, vinculada a una evaluación democrática. 

Elección democrática de los equipos de dirección y de los cargos de coordinación pedagógica. No a los recortes en la gestión democrática. Renegociación de los actuales ROF y normativa de organización y funcionamiento de los centros docentes. Derogación de la LOPEGCED. 

Negociación de las aportaciones de la Administración a los centros por gastos de funcionamiento, para garantizar un buen funcionamiento de los servicios, la innovación educativa y la dotación tecnológica. 

Gratuidad y mejora de la oferta de servicios de los centros. No a la privatización de los comedores escolares, los cuales han de ser atendidos por la propia Administración Educativa o por una empresa pública. Los centros han de poder incluir otros servicios como la atención al alumnado fuera del horario lectivo, en talleres y actividades extracurriculars.

Dotación de personal de administración y servicios a los centros (auxiliares de gestión, bibliotecarios, personal sanitario…) independientemente del número de unidades y de su ubicación. 

Atención a la Escuela Rural, las escuelas unitarias, la Educación Compensatoria, los centros incompletos y los de las zonas urbanas más deprimidas, todo ello mejorando las condiciones de trabajo del profesorado. 

Plan interdepartamental de las instituciones públicas locales y autonómicas para la compensación de desigualdades y la prevención del desarraigo y la marginación social. Planes de acogida para el nuevo alumnado, y específicamente para el alumnado inmigrante. Dotación a los centros de mediadores sociales. 

Plan Valenciano de Educación Especial para garantizar una verdadera integración escolar. 

Mantenimiento y extensión de los actuales programas de educación bilingüe. Provisión de las vacantes de estos programas por profesorado con la titulación adecuada. Dotación de profesorado de apoyo a los Programas de Inmersión Lingüística. Promoción de planes específicos de extensión del valenciano en comarcas castellanoparlantes. Requisito lingüístico para el acceso a la docencia.