Por la Enseñanza Pública. 

1. Dotación presupuestaria adecuada para el Sistema Educativo Público: aumento de su financiación hasta un 6’5% del PIB. 

2. Negociación de una red pública de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Enseñanzas Especializadas que satisfaga la demanda en todas las etapas y tipo de enseñanzas, incluyendo la promoción de programas bilingües en todas las enseñanzas regladas. Por un servicio educativo que contribuya a la recuperación lingüística y cultural y que integre a los valencianos y valencianas en una sociedad vertebrada. 
El STEPV-Iv asume como propia la propuesta de la Federació Escola Valenciana, "Una lengua, 100 propuestas", y se compromete a promoverla y desarrollarla en los ámbitos educativo, social, político y en los medios de comunicación. 

3. Elaboración, en el marco de Mesa Sectorial, de un Plan de Centros y Equipamientos Escolares, con el objetivo de establecer unos requisitos mínimos para todos los centros escolares en lo referido a arquitectura, infraestructuras, dotaciones materiales y presupuestarias para su sostenimiento ordinario. Cumplimiento estricto del RD 1.004/91. 

4. Dotación suficiente de las plantillas de personal docente, no docente y de PAS en todos los centros, con el objetivo de conseguir una adecuación de las mismas a las necesidades educativas actuales. 

5. Congelación de los conciertos educativos con empresas privadas. No a los conciertos dónde haya oferta pública suficiente ni en tramos no obligatorios de escolarización. 

6. Rechazo absoluto a la especialización curricular de los centros: no a los itinerarios. Dotación a los centros del personal especializado pertinente para el apoyo a la integración del alumnado con necesidades educativas específicas, para la compensación educativa y para la prevención y atención a la diversidad. 

7. Prioridad a la planificación de una oferta educativa de calidad para toda la población sobre el pretendido derecho a la elección de centro. Eliminación de las prácticas selectivas del alumnado. Equilibrio distributivo del alumnado con necesidades educativas específicas: especiales, de compensación educativa o alumnado inmigrante, entre todos los centros de una misma zona sostenidos con fondos públicos. 

8. Apertura de centros fuera del horario lectivo con oferta pública gratuita de actividades extraescolares impartidas por personal específico con las condiciones laborales adecuadas. 

9. No a la evaluación externa del sistema educativo subordinada a objetivos de mercantilización. La evaluación debe ser una tarea permanente de los propios agentes educativos y orientada a la detección y superación de las dificultades y problemas planteados, es decir, a la mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público. 

10. Por una Enseñanza laica: eliminación de la enseñanza de cualquier doctrina religiosa en el currículo escolar y desaparición de todos los símbolos religiosos de los centros públicos. Por la construcción del saber escolar desde una perspectiva intercultural. 

Por la compensación de las desigualdades educativas y sociales. 

11. Reducción del número de alumnado en cada grupo y del número total de alumnado que atiende cada profesor o profesora. Reducción de la ratio de aulas con alumnado con necesidades educativas especiales. Servicio de transporte escolar adaptado a las necesidades y características del alumnado y del centro escolar. 

12. Adecuación de las plantillas de profesorado y de personal de servicios especializados para atender a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas. 

13. Adecuación de las condiciones arquitectónicas, físicas y materiales de los centros educativos para favorecer la integración del alumnado. 

14. Generalización del Departamento de Orientación, con una dotación proporcional al total de alumnado y a sus características socioeducativas. Los Servicios Psicopedagógicos Escolares deben atender mediante un plan coordinado al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

15. Escolarización de toda la población de tres años, en espacios adecuados y con personal especializado y de apoyo suficiente. Creación de redes públicas de Escuelas Infantiles para la atención de niños y niñas entre cero y seis años. 

16. Dotación de personal para atender todos los servicios que comporta la enseñanza: bibliotecas, laboratorios, administración, gimnasios… 

17. Diversificación curricular individualizada para el alumnado que lo necesite a lo largo de toda la Educación Obligatoria. Desarrollo de la comprensividad, entendida como el compendio de saberes y habilidades al que tiene que poder acceder el conjunto de la población, como derecho a una educación igualitaria. No a los itinerarios formativos que segregan el alumnado. 

18. Gratuidad total de la enseñanza en todos los niveles educativos en el sistema educativo público, desde Infantil a la Universidad.

19. Desarrollo de planes territoriales conjuntos de las administraciones local, educativa, sanitaria y de bienestar social que, dentro de una planificación complementaria y de integración social, tengan como finalidad la compensación de desigualdades y la prevención del desarraigo y la marginación social. Elaboración de planes de acogida para el alumnado de nueva incorporación y específicamente para el alumnado inmigrante. 

20. Implantación del servicio de comedor escolar en todos los centros educativos públicos y para todo el alumnado que lo necesite, con personal específico a cargo de la Administración. No a la privatización de los servicios de comedor, limpieza y vigilancia. Adecuación del servicio de transporte escolar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas, con la dotación del personal de acompañamiento necesario para asistir al alumnado. 

Por la igualdad de las mujeres. 

21. Creación de comisiones de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y que establezcan líneas de coordinación y actuación conjunta entre las distintas instituciones y agentes sociales implicados, para eliminar las situaciones discriminatorias y conseguir la representación igualitaria de hombres y mujeres. Potenciar la participación de las mujeres en tareas de gestión y coordinación en los centros mediante la flexibilidad organizativa y pedagógica y la formación en horario lectivo. 

22. Adaptación del puesto de trabajo a las mujeres gestantes o en período de lactancia, cuando las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la embarazada, del feto o lactante. 

23. Ampliación del permiso de maternidad a 24 semanas con el 100% de las retribuciones. Creación de un permiso de paternidad de cuatro semanas tras el parto ,acumulable al de maternidad en caso de familias monoparentales. 

24. Igualdad de derechos de las funcionarias interinas y las de carrera, incluido el derecho a excedencia por cuidado de hijo o hija menor y a pedir vacante o sustitución cuando le corresponda, respetando su baja maternal, antigüedad y retribuciones pertinentes. 

25. Exigencia a la Administración para que adopte y traslade a los centros un lenguaje no sexista y que proyecte públicamente una imagen no discriminatoria de la mujer. 

26. Denuncia de las relaciones laborales discriminatorias, el acoso sexual y su repercusión en la salud. 

27. Creación y mantenimiento de asesorías de coeducación que realicen tareas de diagnóstico, potenciación de la formación inicial y permanente del profesorado en horario lectivo y realización de programas específicos en los centros. 

28. Denuncia de la violencia de género. Hace falta que las respectivas administraciones adquieran el compromiso de erradicarla, impulsando programas coeducativos de prevención y utilizando más recursos económicos, de atención sanitaria y psicológica, etc. 

29. Promoción de modelos de convivencia en los centros educativos en los que se fomente el desarrollo armónico de la personalidad y la resolución no violenta de conflictos. 

30. Fomento de la formación de las docentes en ámbitos tradicionalmente masculinos y viceversa, como las Tecnologías de la Información y la Comunicación y especialidades técnicas. Conseguir un perfilo profesional que no suponga ningún tipo de jerarquización ni de discriminación según el sexo (profesionalización de la dirección, cuerpo de catedráticos, etc.). 

Por la gestión democrática de los centros. 

31. Modificación negociada de la normativa de funcionamiento de los centros para propiciar modelos de gestión más democrática. Participación democrática y activa de todos los sectores. 

32. Potenciación de Claustros y Consejos Escolares, dotándolos de mayores competencias y rechazo a las medidas previstas para convertirlos en meros órganos consultivos. 

33. Autonomía de los centros para determinar su modelo de gestión y su jornada escolar. 

34. Potenciación de relaciones no jerárquicas entre el profesorado que posibiliten la participación en condiciones de igualdad dentro de los departamentos didácticos. 

35. Elección democrática de los cargos directivos. Rechazo a las acreditaciones para acceder a la función directiva. 

36. Fomento de una Educación que promueva la autonomía personal y los aspectos socioafectivos. Introducción de la figura del mediador o mediadora escolar en los centros de Secundaria.

37. Fomento de una Educación basada en los valores de la crítica y la solidaridad, así como en el respeto a la diversidad étnica y cultural. 

38. Fomento de la identidad cultural, mediante el conocimiento del entorno y desde la interculturalidad como rasgo característico de la sociedad actual y como principio educativo progresista. 

39. Reconocimiento de la importancia de los temas transversales como vertebradores de la acción educativa en todas las asignaturas. Desarrollo de programas de Coeducación, Educación Sexual, Educación Medioambiental, Educación para el Consumo, Educación para la Paz, Educación para la Democracia... 

40. Creación y potenciación de los Consejos Escolares Municipales y Territoriales. Democratización y dinamización de estos órganos colegiados. Democratización y potenciación del Consejo Escolar Valenciano. Democratización de los CEFIREs. Descentralización y mejora de la gestión de los Servicios Territoriales con oficinas públicas de ámbito supracomarcal. 

Por la estabilidad en el empleo. 

Para el funcionariado de carrera: 

41. Conversión en plantilla orgánica de las vacantes funcionales existentes en los centros para ser ofrecidas en los concursos de traslados. Conocimiento previo de las vacantes de los concursos. Sistema objetivo y con control público en las concesiones de las comisiones de servicios para evitar que se conviertan en un mecanismo de sustitución de los Concursos Generales de Traslados. 

42. Negociación con las Juntas de Personal de todas las creaciones, supresiones, amortizaciones y habilitaciones de unidades escolares y puestos de trabajo. 

43. En caso de supresión de puestos de trabajo, regulación de la posibilidad de mantener con carácter voluntario el destino en el mismo centro en tareas de apoyo o impartiendo las especialidades que se posean. Aprovechamiento de estas situaciones para progresar en la mejora del servicio educativo mediante la tipificación de nuevas necesidades, reducción de ratios, desdoblamientos, etc. 

44. Adscripción voluntaria a plazas definitivas catalogadas como itinerantes, compartidas, de instituciones penitenciarias... 

45. Planes de formación para la adquisición de nuevas especialidades. 

Para el profesorado interino: 

46. Estabilidad para todo el profesorado interino hasta su acceso a la condición de funcionario o funcionaria de carrera, reflejado en un acuerdo negociado con las organizaciones sindicales y ratificado por el colectivo afectado. 

47. Mantenimiento de las actuales bolsas de trabajo y de la preferencia del profesorado interino para obtener vacantes y sustituciones. 

48. Derogación del RD 850/93. Negociación de un nuevo sistema de acceso diferenciado, ligado a la formación y a la experiencia docente. 

49. Equiparación en las condiciones de trabajo con el personal funcionario de carrera, así como en el acceso a la formación, permutas, licencias y permisos. 

50. Eliminación de toda discriminación salarial. Cobro de todos los complementos. 

Por la mejora de las condiciones de trabajo. 

51. Establecimiento del acceso del profesorado de todos los niveles educativos a la docencia universitaria, con valoración de los servicios previos. 

52. Acceso indefinido del profesorado del cuerpo de Maestros al primer ciclo de la ESO. Acceso por concurso del grupo B al A: planes institucionales de formación que posibiliten el acceso de los maestros y las maestras actuales a la licenciatura. 

53. Cobertura de todas las vacantes, desde el principio de curso, mediante adjudicación pública presencial, con requerimiento de especialidad y modalidad lingüística. Dotación suficiente para cubrir todas las sustituciones y apoyos en todos los niveles y programas educativos. 

54. Jornada laboral de 35 horas semanales. Negociación de las reducciones del horario lectivo en todos los tramos educativos. 

55. Regulación pactada de las condiciones del profesorado que comparte centro. 

56. Reducción del horario lectivo a las personas mayores de 55 años, sin merma de las retribuciones. Reducción de jornada por estudios, estado de salud y embarazo. 

57. Implantación del año sabático. Establecimiento de un plan plurianual para que el profesorado que lo solicite de forma voluntaria pueda acogerse a la posibilidad de un año de libre disposición. 

58. Desaparición de cualquier tipo de discriminación producida a consecuencia de la orientación sexual del profesorado. 

59. Jubilación a los treinta años de servicio o a los sesenta de edad con el 100% de las retribuciones. 

60. Regulación de los desplazamientos por razón de servicio de todo el profesorado al servicio de la Generalitat. 

Por la mejora de las retribuciones. 

61. Negociación de un nuevo sistema retributivo que incluya los complementos actuales en el salario base, que impida la estratificación, jerarquización y división del profesorado y que incluya el nivel 26 para todo el profesorado. 

62. El Sindicato reclama, transitoriamente y de forma inmediata hasta llegar al anterior objetivo, el nivel 24 para todo el profesorado del Cuerpo de Maestros y el nivel 26 para los de los Cuerpos de los centros de Secundaria y enseñanzas especializadas. 

63. Desvinculación de las retribuciones de la evaluación del profesorado. 

64. Desvinculación de la formación a las retribuciones. No a los sexenios e incorporación de su cuantía máxima a la masa salarial. 

65. Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Aumentos salariales lineales iguales al IPC real, más el 2% hasta recuperar las cantidades perdidas en los últimos años, con cláusula de revisión salarial. 

66. Derecho a la negociación colectiva de todos los aspectos retributivos del profesorado en la Mesa Sectorial de Educación. 

67. Las pagas extraordinarias han de ser de igual cuantía a una mensualidad ordinaria. 

68. Pensiones iguales al salario en activo con 30 años de servicios.

69. No a las horas extras ni a los contratos a tiempo parcial. 

70. Recuperación de los fondos de garantía social. 

Por la seguridad y la salud en el trabajo. 

71. Exigencia del cumplimiento de las obligaciones legales a las diferentes Administraciones. 

72. Funcionamiento real de los Comités de Seguridad y Salud Laboral, con recursos humanos, materiales y financieros. 

73. Desarrollo de competencias y facultades de los delegados y delegadas de Salud laboral, con crédito horario adecuado para realizar las funciones asignadas. 

74. Impulso y puesta en marcha inmediata y al completo de los Servicios de Prevención. 

75. Formación completa de los delegados y delegadas a cargo de la Administración y extensión de esta formación al conjunto del profesorado. 

76. Impulso de un modelo integrado de Prevención de Riesgos Laborales que tenga como objetivo básico la modificación de las condiciones laborales que suponen riesgo para la seguridad y salud del profesorado, así como la promoción de la salud en el ámbito laboral. Esto implica la eliminación en origen o disminución de los riesgos laborales mediante la evaluación de los riesgos y la puesta en marcha de los Planes de Prevención. 

77. Implicación del profesorado en la prevención de riesgos laborales mediante la figura del coordinador o la coordinadora de centro de Seguridad y Salud Laboral y el fomento de la cultura de prevención. 

78. Superación de los actuales reconocimientos médicos y garantía de vigilancia de la salud de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

79. Reconocimiento del conjunto de enfermedades laborales (problemas de la voz, estrés, síndrome del profesor/a quemado/a, depresión, patologías músculo-esqueléticas, etc.) y eliminación de los riesgos surgidos como consecuencia de la intensificación del trabajo, de la organización laboral, de las relaciones humanas, de la introducción de nuevas tecnologías y de la desinformación o inhibición de la Administración o las empresas. 

80. Protección de los trabajadores y las trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos (educación física, laboratorios, tecnología y ciclos formativos), protección de la maternidad, de los trabajadores y trabajadoras mayores, de quienes padecen enfermedades con frecuencia y de quien tenga un alto riesgo por su situación de eventualidad, interinidad y desplazamiento. 

Por una formación para la mejora de la enseñanza. 

81. Licenciatura para acceder a la docencia en todos los niveles educativos, con programas diferenciados según ciclo y especialidad. Formación inicial lingüístico-técnica. Por el Cuerpo Único de Enseñantes. 

82. La formación continua, como derecho y deber del profesorado, debe ser gratuita y responsabilidad de la Administración educativa.

83. Participación de la representación del profesorado y de las universidades públicas en la planificación, gestión y evaluación de la formación permanente. Contra la privatización de la formación.

84. Reconocimiento institucional y apoyo económico a los Movimientos de Renovación Pedagógica. 

85. Formación en los centros de trabajo y en horario lectivo. 

86. Formación conjunta de los miembros del Claustro, de los distintos Departamentos y Ciclos, con sustitución del profesorado.

87. Plan de Formación en técnicas de prevención y resolución de conflictos para todo el profesorado, desde una perspectiva coeducadora e intercultural. 

88. Impulso y difusión de la innovación, la experimentación y la investigación en la enseñanza, especialmente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los programas educativos. 

89. Impulso a la formación de equipos de trabajo con incidencia directa en la aula y ligados a los proyectos educativos de los centros. 

90. Recuperación de las licencias por estudios con la retribución integra. 

Por un sindicalismo valenciano, democrático, autónomo, asambleario y solidario. 

91. Por ser un sindicato asambleario y participativo, el STEPV-Iv facilita toda la información que posee sobre los distintos temas en negociación, para que el profesorado se dote de una opinión propia. El Sindicato mantiene su compromiso de realizar asambleas y consultar los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en todas las cuestiones que les afectan antes de proceder a la firma o rechazo de las propuestas de las administraciones. 

92. Descentralización del actual marco de relaciones laborales y de la negociación colectiva. Por un marco de relaciones propio del País Valenciano. 

93. Modificación de la actual Ley de órganos de representación y de la LOLS para asegurar que la voluntad de los trabajadores y trabajadoras expresada en votos no sea deformada. Adecuación de la Ley para que los sindicatos más votados sean los más representativos. Reconocimiento del derecho a participar en la negociación colectiva a partir del 5% de los votos o delegados. 

94. Consideración de todos los sindicatos más representativos con capacidad en los correspondientes niveles territoriales y funcionales para ejercer todas las funciones y facultades descritas en el art. 6.3 de la LOLS, incluido el derecho a obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos. 

95. Reparto equitativo y justo entre todos los sindicados del patrimonio sindical acumulado procedente de cuotas obligatorias del conjunto de trabajadores y trabajadoras. 

96. Exigencia de elección de delegados y delegadas de centro.

97. Modificación de la Ley de órganos de representación para establecer unas competencias reales de las Mesas Sectoriales y de las Juntas de Personal. 

98. No a los decretos de servicios mínimos, por la autorregulación de la huelga. 

99. Creación de las condiciones laborales y sociales oportunas y extensión al ámbito sindical del acceso efectivo de mujeres y hombres en términos de igualdad. 

100. Por la unidad internacional de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de sus organizaciones en la lucha común contra la explotación. Por un sindicalismo solidario con la lucha de los pueblos, contra cualquier tipo de opresión, contra la explotación y el racismo.